La contaminación se ha convertido en una de las mayores amenazas ambientales y sanitarias del siglo XXI. Cada año, más de 9 millones de personas mueren en el mundo por causas vinculadas a la contaminación del aire, el agua y el suelo, según la revista médica The Lancet. Aunque el fenómeno es global, afecta con mayor intensidad a países en desarrollo, donde las regulaciones son más débiles y el control estatal escaso.

En Argentina, la situación es preocupante. De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), varias ciudades del país superan los niveles de contaminación del aire recomendados. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta presentan niveles elevados de material particulado fino (PM2.5), un contaminante asociado a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. La principal fuente de esta polución es el transporte urbano, seguido por la quema de residuos y la actividad industrial.

La contaminación del agua es otro problema estructural. Más del 30% de los argentinos no tiene acceso seguro a agua potable, y cerca del 40% carece de sistemas de saneamiento adecuados, según datos de UNICEF. El Riachuelo, que atraviesa parte del conurbano bonaerense, es uno de los ríos más contaminados de América Latina. A pesar de los fondos internacionales y la creación de la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), los avances han sido lentos y las obras de saneamiento aún no logran revertir décadas de degradación.

En el ámbito rural, el uso intensivo de agroquímicos también deja su huella. Diversos estudios científicos y fallos judiciales han alertado sobre los efectos del glifosato y otros pesticidas en zonas agrícolas, donde se han detectado contaminantes en napas, aire y suelos, especialmente cerca de escuelas y poblaciones vulnerables. Aunque existen normativas para el uso controlado, la fiscalización es débil y la aplicación aérea sigue generando conflictos ambientales y sociales.

La basura urbana es otro frente crítico. Argentina genera unas 45.000 toneladas de residuos por día, de las cuales solo el 10% se recicla, según cifras del Ministerio de Ambiente. La mayoría termina en basurales a cielo abierto, que afectan directamente la salud de millones de personas. Organizaciones de recicladores urbanos, como las cooperativas de cartoneros, cumplen un rol clave en la recuperación de materiales, aunque con poco apoyo estatal sostenido.

La contaminación ambiental no es solo un problema ecológico, sino una cuestión de justicia social. Afecta con mayor dureza a los sectores más pobres, que viven cerca de industrias contaminantes, basurales o cursos de agua degradados. En ese contexto, especialistas insisten en que Argentina necesita una política ambiental integral, con mayor inversión, control efectivo, educación ambiental y participación ciudadana real. Sin estos elementos, los costos seguirán siendo invisibles, pero cada vez más graves.