La Justicia investiga posibles acuerdos irregulares con empresas proveedoras de alimentos para detenidos en Ezeiza. El procedimiento incluyó una polémica maniobra con un teléfono celular.

La Justicia federal de Lomas de Zamora allanó las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en el suministro de alimentos para los internos del penal de Ezeiza. El operativo fue ordenado por el juez Federico Villena y apunta a posibles vínculos indebidos entre funcionarios y empresas proveedoras.

Según la investigación, el SPF habría permitido un esquema de cartelización en el servicio de alimentación, recurriendo a firmas vinculadas entre sí para continuar operando pese a sanciones judiciales previas. Las denuncias se originaron por la entrega de raciones en mal estado o no aptas para el consumo, situación que derivó en la apertura del expediente.

El allanamiento quedó envuelto en tensión cuando Martínez intentó evitar el secuestro de su teléfono personal. Fuentes del caso indicaron que entregó un dispositivo antiguo y aseguró que el que usaba a diario se había extraviado horas antes. Un informe técnico detectó actividad reciente del celular “perdido” en una antena de Barracas poco antes del procedimiento, lo que alimenta la sospecha de una posible filtración y destrucción de pruebas.