Una referente libertaria neuquina fue señalada por entregar títulos sin validez en varios institutos de la provincia. La senadora electa, elegida a dedo desde Buenos Aires, incluso tuvo que cumplir una probation tras ser considerada responsable de “estafa y otras defraudaciones”. Aún hoy siguen apareciendo reclamos de estudiantes, como el de Paola Arce, quien aseguró: “Todos los recibos estaban firmados por Nadia Judith Márquez. Ella estaba ahí, en la entrada, cobrando”.
Uno de los casos más resonantes ocurrió en 2014, cuando una serie de estudiantes denunciaron que los cursos que habían pagado no contaban con reconocimiento oficial. La causa judicial avanzó y terminó con Márquez aceptando una probation por el delito de “estafa y otras defraudaciones”, lo que implicó el reconocimiento de responsabilidad para acceder a la suspensión del juicio a prueba. Ese antecedente se mantuvo relativamente silenciado durante años, hasta que fue reactivado por usuarios en redes sociales al conocerse su candidatura nacional.
El ascenso político de Márquez también generó controversia puertas adentro del propio espacio libertario. Su llegada al Senado fue decidida directamente desde Buenos Aires, lo que provocó incomodidad entre dirigentes locales que cuestionaron la falta de trayectoria y la débil representación territorial. Su estilo combativo y su agenda centrada en posiciones ultraconservadoras la convirtieron en una figura mediática, pero también aumentaron la exposición de su pasado judicial.
En paralelo, continúan apareciendo reclamos de estudiantes y docentes que aseguran haber sido perjudicados por los institutos en los que Márquez cumplía funciones directivas. Algunas víctimas relatan que pagaron cursos completos que nunca se dictaron o cuyos títulos no tenían validez provincial ni nacional. Testimonios como el de Paola Arce se viralizaron en los últimos días, reforzando el cuestionamiento social hacia la senadora electa y reclamando una reparación que, según afirman, todavía no llegó.
La legisladora, por su parte, suele responder denunciando “operaciones políticas” y enmarcando las acusaciones en un supuesto intento de desacreditar su rol público. Sin embargo, la documentación judicial y los múltiples testimonios complican esa versión. El debate público ahora gira en torno al impacto que estos antecedentes pueden tener en su desempeño legislativo y en la legitimidad de su representación dentro de un espacio político que se presenta como abanderado de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
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