Una exalumna aseguró que cursó cuatro años para recibirse de periodista en un centro de estudios relacionado con la familia de la diputada libertaria y que, al finalizar la carrera, descubrió que la institución no estaba registrada. Presentó libretas, firmas y documentación que avalan su paso por el lugar y sostuvo que nunca recibió explicaciones ni disculpas pese a haber completado toda la formación.

La denuncia volvió a colocar bajo observación a la familia de la diputada Nadia Márquez. Según relató la joven afectada, comenzó la carrera de Periodismo motivada por la posibilidad de formarse en un ámbito académico que —según le habían asegurado— funcionaba bajo los estándares de cualquier institución educativa formal. Sin embargo, tras cuatro años de cursada y con todas las materias aprobadas, se enteró de que el centro no figuraba en ningún registro oficial ni tenía autorización para emitir certificaciones profesionales.

La exalumna explicó que descubrió la situación cuando intentó tramitar su título para postularse a un trabajo. Fue entonces cuando consultó a organismos educativos y recibió la confirmación: la institución no contaba con reconocimiento estatal, por lo que su formación carecía de validez. El impacto emocional y económico fue inmediato, ya que durante años invirtió tiempo, esfuerzo y dinero creyendo que avanzaba en una carrera habilitante.

Para respaldar su denuncia, presentó libretas firmadas, constancias de cursada y documentación interna del establecimiento, donde figuran autoridades vinculadas al entorno familiar de Márquez. La estudiante asegura que, al intentar obtener explicaciones, no recibió respuestas claras ni un canal formal para reclamar. Tampoco hubo, según su relato, un pedido de disculpas ni propuestas de solución.

El caso expone una problemática que no es nueva: la proliferación de espacios educativos sin aval oficial que ofrecen carreras, cursos y certificaciones que luego no tienen reconocimiento. Especialistas del ámbito académico advierten que estas situaciones generan graves perjuicios, ya que los estudiantes descubren la irregularidad cuando buscan ejercer la profesión o continuar estudios en instituciones formalmente registradas.

La denuncia ya circula entre autoridades provinciales y podría derivar en presentaciones administrativas o judiciales. Mientras tanto, el episodio reabre la discusión sobre los controles del sistema educativo no estatal y sobre la responsabilidad de quienes impulsan o gestionan instituciones sin los requisitos legales. Para la joven afectada, el camino recién empieza: su principal reclamo es recuperar lo perdido y evitar que otras personas atraviesen la misma situación.