De cara a las elecciones del 26 de octubre, la candidata al Senado, deberá responder ante las denuncias vinculadas a la entrega de certificados sin validez a estudiantes neuquinos. Las acusaciones, que datan de años atrás y que terminaron en una probation judicial, a fin de evitar llegar al juicio, siguen generando cuestionamientos sobre su trayectoria y el proceso de selección de candidatos dentro de La Libertad de Avanza.

Según las causas judiciales, Márquez estuvo vinculada a la entrega de certificados sin validez oficial a estudiantes de periodismo y comunicación en dos institutos terciarios de la provincia. El proceso penal, iniciado años atrás, culminó con una probation judicial —suspensión del juicio a prueba—, lo que evitó una condena formal pero dejó asentada su responsabilidad en los hechos. La acusación se basó en la figura de “estafa y otras defraudaciones”, tipificada en el Código Penal argentino.

El antecedente reavivó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de selección de candidatos dentro de La Libertad Avanza y sobre la idoneidad de Márquez para ocupar una banca en el Congreso. Diversos sectores académicos y sociales de Neuquén manifestaron su preocupación por el mensaje que representa tener en las listas a una dirigente con antecedentes judiciales, en especial en un contexto donde la ética pública es reclamada como valor central.

En el plano político, la controversia también afecta al interior del propio espacio libertario, donde referentes provinciales cuestionan que la conducción nacional imponga nombres sin representatividad local. Dirigentes del sur neuquino advirtieron que la candidatura de Márquez no solo “rompe con la lógica federal”, sino que “refleja la desconexión de Buenos Aires con las realidades del interior”.