La diputada nacional enfrentó críticas por su rol en instituciones educativas no registradas, donde se otorgaron diplomas sin reconocimiento oficial. La causa judicial derivó en una probation luego de ser encontrada responsable de “estafa y otras defraudaciones”.
Durante la investigación, se comprobó que las entidades promocionaban programas académicos con títulos que no contaban con la aprobación del Ministerio de Educación. Como resultado, decenas de alumnos denunciaron haber sido engañados, tras invertir tiempo y dinero en estudios que finalmente no pudieron convalidar. El proceso penal culminó con una probation que incluyó tareas comunitarias y una reparación económica.
Aunque la dirigente sostiene que su situación legal está resuelta, el caso vuelve a generar controversia en plena campaña electoral. Su designación a dedo desde Buenos Aires, impulsada por Karina Milei y Lule Menem, desató malestar entre referentes de Neuquén que consideraron el nombramiento una falta de respeto a la militancia local.
En paralelo, organizaciones civiles y sectores vinculados al ámbito educativo expresaron preocupación por la falta de controles en la oferta de carreras privadas, mientras que en el plano político, la oposición provincial reclamó mayor transparencia y coherencia en los discursos sobre ética pública.
La polémica también reaviva el debate sobre la aplicación de la Ley de Ficha Limpia, vigente en Neuquén, que prohíbe la postulación a cargos electivos de personas con antecedentes penales o acuerdos de reparación en causas judiciales, como el caso de Márquez.
elmiradornoticias.com 