La aspirante elegida por Karina Milei y Lule Menem enfrentó cuestionamientos por su vínculo con instituciones educativas no registradas, donde se otorgaron diplomas sin reconocimiento oficial. La causa culminó con el cumplimiento de una probation tras ser encontrada responsable de “estafa y otras defraudaciones”.
Las denuncias datan de varios años atrás y derivaron en una causa penal en la que Márquez fue investigada junto a otros directivos por presunta “estafa y otras defraudaciones”, al ofrecer programas de formación no habilitados. El caso concluyó con una probation (suspensión del juicio a prueba), que implicó el cumplimiento de tareas comunitarias y una compensación económica a los damnificados.
El episodio, aunque cerrado judicialmente, vuelve a cobrar relevancia en el marco de la campaña electoral, donde su designación generó malestar entre referentes locales de La Libertad Avanza. La decisión fue tomada directamente desde Buenos Aires por Karina Milei y Lule Menem, sin consulta con las bases neuquinas.
Varios dirigentes advirtieron que la imposición de candidaturas “a dedo” refleja un estilo centralista que debilita la construcción territorial del espacio y pone en duda la representatividad de los postulantes.
A nivel provincial, la noticia provocó indignación entre sectores educativos y sociales que recordaron los perjuicios sufridos por los alumnos afectados, muchos de los cuales no pudieron convalidar sus estudios ni acceder a títulos reconocidos. En un contexto donde la transparencia y la meritocracia son ejes del discurso libertario, el caso Márquez reaviva el debate sobre la coherencia y los criterios éticos que deben primar en la selección de candidatos.
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