La candidata libertaria estuvo vinculada a universidades y cursos no acreditados, donde los estudiantes recibieron certificados que carecían de validez oficial. La controversia se cerró con una suspensión de juicio a prueba (probation) por responsabilidad en estafa y defraudación.
La investigación surgió a partir de denuncias de decenas de alumnos que descubrieron que los certificados entregados por el Instituto Cristiano Internacional y otra entidad educativa vinculada no contaban con reconocimiento del Ministerio de Educación. El escándalo derivó en un proceso penal en el que Márquez fue imputada y posteriormente accedió a una suspensión de juicio a prueba (probation), reconociendo su responsabilidad y comprometiéndose a reparar el daño causado.
Aunque la candidata insiste en que el tema “forma parte del pasado” y que su situación está regularizada, la reaparición del caso genera tensiones dentro del espacio libertario. Su designación directa desde Buenos Aires, decidida por Karina Milei y Lule Menem, fue cuestionada por referentes locales que se sintieron desplazados del armado provincial. Para muchos militantes, el episodio pone en evidencia el centralismo porteño que caracteriza la estrategia electoral del partido, dejando de lado a figuras con arraigo territorial.
En el plano político, el caso Márquez abre un debate más amplio sobre la transparencia en la gestión educativa privada y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control. Mientras tanto, en Neuquén, parte del electorado observa con desconfianza que una dirigente con antecedentes judiciales aspire a representar a la provincia en el Congreso, especialmente cuando su candidatura fue definida sin participación de los neuquinos.
elmiradornoticias.com 