Pese a que la aspirante se ha manifestado en reiteradas oportunidades en contra del gasto estatal, surgen contradicciones entre su discurso y su entorno. Su familia administra instituciones que reciben subsidios públicos. No es la primera vez que la dirigente libertaria queda involucrada en hechos polémicos, ya que también fue acusada de promover una universidad que entregaba títulos sin validez oficial.

La contradicción radica en que Márquez, quien en múltiples declaraciones públicas se manifestó en contra del gasto estatal y los subsidios a organizaciones privadas, forma parte de un grupo familiar que percibe aportes económicos del Estado para el sostenimiento de colegios y entidades vinculadas a su iglesia. Según fuentes locales, parte de estos establecimientos funcionan bajo convenios con organismos provinciales de educación y reciben asistencia regular del presupuesto público.

No es la primera vez que la dirigente libertaria enfrenta cuestionamientos por su actividad vinculada al ámbito educativo. En 2022 fue denunciada por promover una universidad privada que otorgaba títulos sin validez oficial, lo que generó un fuerte repudio entre profesionales y autoridades académicas. Aunque Márquez se despegó de la acusación, las críticas se reactivaron en plena campaña electoral.

El caso expone las contradicciones internas del discurso libertario, que exige recorte del gasto público mientras varios de sus referentes mantienen vínculos con instituciones que dependen de subsidios estatales. En Neuquén, dirigentes opositores remarcaron que la candidatura de Márquez “es un ejemplo más de las designaciones a dedo desde Buenos Aires” y cuestionaron la falta de transparencia en el manejo de recursos que benefician a espacios políticos y religiosos afines.

En un contexto de creciente malestar por los recortes nacionales en educación y salud, la situación de Márquez abre un debate sobre el doble estándar dentro de La Libertad Avanza y el uso político de los fondos públicos por parte de quienes, en su discurso, sostienen que “el Estado debe dejar de intervenir”.