La Argentina enfrenta un nuevo desafío en materia energética, con un aumento en la demanda y limitaciones en la infraestructura que amenazan el suministro para los meses de mayor consumo. Según datos de Cammesa, el sistema eléctrico nacional registró en septiembre un récord de demanda con picos de más de 27.000 megavatios, impulsados por la recuperación industrial y el crecimiento de los hogares conectados a la red. El Gobierno busca evitar cortes y desabastecimientos a través de un plan de emergencia que incluye importaciones de gas natural y medidas de eficiencia energética.

El incremento del consumo se produce en un contexto de transición energética y dificultades financieras. La producción de gas en Vaca Muerta creció 9,3% interanual, pero el transporte sigue siendo el principal cuello de botella. El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner opera al límite de su capacidad y el segundo tramo, que debía inaugurarse a mediados de 2025, enfrenta demoras por falta de financiamiento. Mientras tanto, las provincias del norte y del litoral sufren interrupciones periódicas que afectan tanto al consumo doméstico como a la actividad industrial.

El Ministerio de Economía lanzó un paquete de incentivos para acelerar inversiones privadas en infraestructura energética. Entre los proyectos más destacados se encuentran nuevas plantas de licuefacción para exportar gas y la ampliación de redes eléctricas en el AMBA y el NOA. Según estimaciones oficiales, estas obras podrían generar más de 20.000 empleos directos y reducir en un 30% la dependencia de importaciones energéticas hacia 2027. Sin embargo, los analistas advierten que el cronograma de ejecución se ve condicionado por la volatilidad cambiaria y los altos costos financieros.

El impacto social del ajuste tarifario también genera tensiones. Desde mayo, las facturas de electricidad y gas aumentaron en promedio un 120% para usuarios residenciales y hasta un 200% para el sector comercial. Aunque la medida busca reducir el déficit en subsidios, las asociaciones de consumidores alertan que más de un millón de hogares podría quedar en situación de vulnerabilidad energética. El Gobierno analiza la implementación de una “tarifa social segmentada” para mitigar el impacto en los sectores de menores ingresos.

El sector industrial reclama previsibilidad en los precios y en la provisión de energía para planificar la producción. Las cámaras manufactureras advierten que la incertidumbre energética podría afectar la competitividad y las exportaciones, especialmente en rubros como la siderurgia, el cemento y los alimentos. En respuesta, el Ejecutivo avanza en acuerdos con Brasil y Bolivia para reforzar el suministro eléctrico regional y garantizar el flujo de gas durante los picos de demanda invernal.

De cara a los próximos meses, el desafío será equilibrar la necesidad de inversión con la protección social y la estabilidad macroeconómica. Argentina dispone de uno de los mayores potenciales de gas no convencional del mundo, pero necesita consolidar un marco de políticas que garantice su aprovechamiento sostenible. Si logra combinar infraestructura, financiamiento y planificación, el país podría transformar su actual crisis energética en una oportunidad de desarrollo a mediano plazo.