Argentina enfrenta una creciente tensión entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. En 2024, el país se posicionó entre los diez principales emisores de gases de efecto invernadero de América Latina, según datos del Climate Transparency Report. La expansión de la frontera agropecuaria, la deforestación en el norte del país y el uso intensivo de combustibles fósiles siguen siendo factores centrales en esta problemática. Las consecuencias ya son visibles: el país experimentó en los últimos años una mayor frecuencia de olas de calor, incendios forestales y sequías prolongadas.

La deforestación, especialmente en la región del Gran Chaco, ha sido una de las principales amenazas ambientales. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que entre 2022 y 2023 se perdieron más de 110.000 hectáreas de bosque nativo, principalmente en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. La pérdida de cobertura vegetal no solo impacta en la biodiversidad, sino que agrava la desertificación y compromete los recursos hídricos.

Otro punto crítico es el acceso al agua y su calidad. En zonas como el oeste bonaerense, Mendoza y parte de la Patagonia norte, la escasez hídrica se ha convertido en un desafío estructural. A esto se suma la contaminación de cursos de agua como el Riachuelo, que pese a contar con un plan de saneamiento desde hace más de una década, aún no ha logrado resultados sustanciales. Según la Auditoría General de la Nación, más del 60% de los residuos cloacales en el país no reciben tratamiento adecuado.

En cuanto a energías renovables, si bien Argentina mostró avances, el crecimiento se desaceleró. La generación eléctrica a partir de fuentes limpias (solar, eólica e hidroeléctrica) representó cerca del 13% de la matriz energética en 2024, según CAMMESA. Sin embargo, los proyectos en ejecución se vieron ralentizados por restricciones presupuestarias y cambios regulatorios. Especialistas advierten que sin una política sostenida, el país podría perder competitividad en la transición energética global.

La contaminación urbana también plantea desafíos urgentes. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la calidad del aire empeoró durante el último año, con niveles de material particulado por encima de lo recomendado por la OMS en varios puntos de monitoreo. El aumento del parque automotor, el déficit en el transporte público y la quema de residuos contribuyen a este deterioro. La situación se replica en otras ciudades del país con crecimiento demográfico acelerado.

La biodiversidad nacional también está en riesgo. Argentina alberga 18 ecorregiones y más de 1.000 especies de vertebrados, pero muchas están amenazadas. El yaguareté, por ejemplo, se encuentra en estado crítico, con menos de 250 ejemplares en libertad. Proyectos de conservación buscan frenar esta pérdida, aunque requieren mayores presupuestos y articulación entre sectores públicos y privados. La fragmentación de hábitats por obras de infraestructura es otro factor que agrava el problema.

Organizaciones sociales y ambientales han ganado visibilidad en los últimos años, impulsando leyes clave como la de Humedales, aún sin aprobación definitiva en el Congreso. La presión ciudadana ha logrado frenar desmontes y proyectos mineros en zonas sensibles, pero también ha generado conflictos con gobiernos provinciales y empresas. La protección del medio ambiente en Argentina enfrenta así una doble pulseada: entre el presente económico y la responsabilidad ambiental hacia las próximas generaciones.