La economía argentina transita 2025 en medio de un proceso de ajuste profundo impulsado por el gobierno de Javier Milei, que apuesta por el equilibrio fiscal y la desregulación como ejes centrales. Tras una recesión del 4,3% en 2024, el primer semestre de este año muestra una desaceleración en la caída, aunque la recuperación aún no se consolida. Los sectores productivos enfrentan una fuerte contracción del consumo interno y dificultades para financiarse, mientras el gobierno insiste en que “la peor parte ya pasó”.

La inflación, si bien sigue en niveles altos, muestra una tendencia descendente. Luego de picos del 25% mensual a comienzos de 2024, el IPC se ubicó en el 4,9% en junio de 2025, acumulando un 107% interanual, según el INDEC. El freno de la emisión monetaria, la apertura de importaciones y la caída de la demanda interna son los principales factores que explican esta desaceleración. No obstante, la inflación núcleo aún supera el 6% mensual, lo que genera preocupación en los sectores de ingresos fijos.

Uno de los principales logros que destaca el Ejecutivo es el superávit fiscal alcanzado en los primeros seis meses del año, un hito que no se registraba desde 2008. La reducción drástica del gasto público, en especial en subsidios y transferencias a provincias, permitió al Tesoro cerrar el semestre con un superávit primario equivalente al 0,8% del PBI. Sin embargo, esta política también provocó conflictos federales y una fuerte contracción de la obra pública.

En el plano cambiario, el gobierno mantiene un esquema de tipo de cambio libre con intervenciones puntuales del Banco Central. El dólar oficial ronda los $975, mientras que el dólar MEP y el contado con liquidación se ubican por encima de los $1.050. La brecha se mantiene estable en torno al 8%, y las reservas netas del BCRA alcanzan los US$ 6.200 millones, tras liquidaciones del agro y colocaciones de deuda en organismos multilaterales.

El mercado laboral continúa en tensión. La tasa de desempleo trepó al 9,4% en el segundo trimestre de 2025, el nivel más alto desde la pandemia. A esto se suma un aumento en la informalidad y una fuerte caída del poder adquisitivo: el salario real promedio cayó un 18% interanual. Los gremios, debilitados por la reforma laboral impulsada por decreto, enfrentan dificultades para negociar mejoras en paritarias.

La actividad industrial muestra signos dispares. Mientras sectores como el automotriz y el agroindustrial logran sostener exportaciones, la construcción y el comercio registran caídas superiores al 15% interanual. El uso de la capacidad instalada ronda el 63%, por debajo del promedio histórico. Las pymes advierten sobre el encarecimiento del crédito y la baja demanda como principales obstáculos.

El panorama social sigue siendo crítico. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la pobreza alcanza al 55% de la población y la indigencia al 18%. Organizaciones sociales denuncian la paralización de programas alimentarios y el aumento de la demanda en comedores populares. El gobierno sostiene que la salida vendrá “a través del crecimiento del sector privado”, aunque aún no se vislumbran señales claras de reactivación.

A futuro, los analistas esperan que la economía termine el año con una caída del PBI cercana al 2%, pero con una inflación acumulada inferior al 150%, lo que sería un avance en relación al 211% registrado en 2024. Sin embargo, la sostenibilidad del ajuste, el impacto social y la falta de consenso político siguen siendo factores de incertidumbre que marcarán el rumbo de los próximos meses.