El jefe de Gabinete confirmó reuniones con empresarios cripto previas al escándalo y defendió los vínculos del Presidente con el sector privado.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el presidente Javier Milei ya venía conversando sobre el proyecto “Viva la Libertad” en reuniones mantenidas con empresarios del sector cripto entre septiembre de 2024 y enero de 2025, mucho antes de su lanzamiento como la plataforma Libra, que luego derivó en una estafa de alcance internacional.

Durante su interpelación ante el Congreso, Francos confirmó que Milei se reunió con figuras como Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julian Peh. “En dichas oportunidades se conversó acerca de cómo las tecnologías descentralizadas y el blockchange podían ser de ayuda para promover el negocio de emprendedores digitales y pymes argentinas. También (se charló) acerca del proyecto Viva la Libertad y su objetivo de promover la economía argentina a través del financiamiento de pequeños proyectos y negocios locales”, expresó el ministro.

Francos justificó los encuentros afirmando que “el Presidente de la Nación y todos los miembros de la Administración Pública Nacional mantienen asiduamente reuniones de trabajo con personas del sector privado vinculados a proyectos que podrían ser beneficiosos para el país”.

Respecto a Mauricio Novelli, indicó que Milei lo conoció en 2020 y entabló con él “una relación profesional y personal”, que incluso incluyó su participación como docente en una academia de trading. Sin embargo, aclaró: “Ninguno de los señores hasta aquí señalados forma parte del Gobierno nacional. No existe designación o contratación bajo alguna de las modalidades previstas en el ordenamiento jurídico vigente”.

Francos también defendió a Karina Milei, secretaria Legal y Técnica, cuestionada por autorizar ingresos a la Casa Rosada de los empresarios involucrados. “Desde el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 la secretaria general de la presidencia autorizó 494 ingresos a Casa Rosada”, precisó.

Finalmente, remarcó que “el Estado nacional no asume compromisos automáticos a partir de las reuniones que los funcionarios mantienen, ni la mera realización de una audiencia implica una relación orgánica o contractual”.