La justicia en Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos en términos de imagen pública. Según diversas encuestas recientes, gran parte de la ciudadanía desconfía de su independencia, eficiencia y transparencia. A pesar de contar con una estructura institucional sólida y marcos legales establecidos, la percepción general es la de un sistema lento, politizado y muchas veces inaccesible.

Los casos judiciales de alto perfil, especialmente aquellos vinculados a corrupción y política, suelen quedar atrapados en un limbo procesal que refuerza la sensación de impunidad. Las demoras en las resoluciones, los constantes cambios de jueces y fiscales, y la utilización del sistema judicial como herramienta de presión política han minado la confianza en uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.

El acceso a la justicia también se presenta como un desafío para miles de ciudadanos. En muchas provincias, los recursos son escasos, los tribunales están saturados y los procesos se extienden por años. La desigualdad entre quienes pueden costear una defensa privada y quienes dependen del sistema público de abogados defensores profundiza las brechas sociales existentes.

En paralelo, la digitalización del sistema judicial avanza con lentitud. Aunque la pandemia aceleró la implementación de expedientes electrónicos y audiencias virtuales, aún persisten obstáculos técnicos, legales y culturales que impiden una transformación real. Esta modernización parcial genera un escenario mixto, con algunos fueros más eficientes que otros y una sensación general de fragmentación.

A pesar del panorama complejo, hay avances. La lucha contra la violencia de género ha generado la creación de juzgados especializados y protocolos de acción más rápidos. También se están impulsando capacitaciones obligatorias en perspectiva de género y derechos humanos, lo cual representa un paso importante hacia una justicia más sensible y equitativa.

La Argentina necesita una reforma judicial profunda, pero no exclusivamente estructural. Hace falta una transformación cultural que recupere la legitimidad perdida. Una justicia que no solo sea independiente, sino también cercana, rápida, y al servicio de quienes más la necesitan. Sin confianza en el sistema judicial, no hay pacto social que se sostenga a largo plazo.