El magistrado afirmó que, mientras su nombramiento en comisión esté vigente, solo podría ser removido del cargo a través de un juicio político.

Manuel José García Mansilla defendió su designación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizada por decreto en comisión por el presidente Javier Milei, y afirmó que su remoción antes del cumplimiento de un año solo podría ocurrir a través de un juicio político.

El magistrado explicó que, al haber prestado juramento, ya es juez de la Corte Suprema, y destacó que goza de las garantías establecidas en el artículo 110 de la Constitución Nacional. En un escrito de 51 páginas, García Mansilla respondió al traslado del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien tramita una causa para impugnar tanto su nombramiento como el del juez Ariel Lijo. En su defensa, planteó la falta de jurisdicción de Ramos Padilla y cuestionó la legitimidad de los actores que impulsaron el amparo, solicitando su rechazo inmediato.

El juez recordó que fue designado para cubrir la vacante dejada por Juan Carlos Maqueda cuando el Senado se encontraba en receso, subrayando que su nombramiento “se ajusta estrictamente” al artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional. Además, señaló que su juramento fue tomado por los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y advirtió que cualquier intento de impugnación “atentaría contra el orden público constitucional”.

“Desde el 27 de febrero de 2025, estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución”, afirmó García Mansilla, destacando que su remoción solo podría producirse mediante juicio político, de acuerdo con los artículos 53 y 110 de la Carta Magna. Según su argumentación, “no existe arbitrariedad ni ilegalidad” en su designación, y cualquier cuestionamiento al Decreto 137/25 no cumple con el requisito de ser “manifiesto” para su impugnación, tal como lo exige la Constitución.

Finalmente, alertó que continuar con la causa judicial en su contra comprometería el funcionamiento normal de la Corte Suprema y sostuvo que su remoción fuera del mecanismo constitucional violaría el orden institucional del país.