La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la imputó por “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”.

En la víspera de una nueva movilización en defensa de los jubilados, el Gobierno Nacional presentó una denuncia penal contra la jueza porteña Karina Andrade. Se la acusa de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento” tras haber ordenado la liberación de los 114 detenidos en la protesta frente al Congreso.

Siguiendo instrucciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el abogado del ministerio, Fernando Soto, presentó la denuncia contra la magistrada, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires. En el escrito se la acusa de haber cometido “graves irregularidades” en el proceso.

Desde el Ejecutivo sostienen que Andrade ordenó la liberación de los detenidos “sin analizar las pruebas, sin considerar sus antecedentes penales y sin respetar los procedimientos legales vigentes”. Además, afirman que la jueza “intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios”.

Uno de los puntos más cuestionados es que la resolución judicial se habría dictado a través de un chat de WhatsApp, lo que, según el Gobierno, impidió generar un registro oficial de la decisión y evitaría la intervención formal de la Fiscalía.

Desde el Ministerio de Seguridad calificaron la decisión de la magistrada como un “grave incumplimiento de las normas penales vigentes” y aseguraron que “lo resuelto por la jueza Andrade carece de fundamentos en los hechos y en el derecho aplicable, ya que tomó su decisión sin siquiera haber analizado las actuaciones”.

Asimismo, consideraron que la liberación de los detenidos en la manifestación del 12 de marzo respondió a “un mero acto de voluntad de la jueza, basado en pura ideología”. También la acusaron de permitir la intervención de defensores no designados y de incumplir con el procedimiento de flagrancia, que otorga al fiscal la responsabilidad principal de evaluar la detención.

En su defensa, Andrade sostuvo que resolvió el caso con los elementos que tuvo “a disposición” y diferenció “la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”. Además, argumentó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó.

Esta denuncia se suma a la presentada días atrás por el Gobierno, en la que acusó al ex líder montonero Mario Firmenich, a los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermín, y a grupos organizados de estar detrás de los hechos de violencia ocurridos durante la protesta. En ese caso, se los señaló por los delitos de sedición, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada.